El presidente colombiano Gustavo Petro entregó este jueves 8.430 hectáreas de tierras a campesinos víctimas del conflicto en el municipio de Montería, capital del departamento de Córdoba, dentro de las cuales están 7.916 hectáreas de predios que pertenecieron a jefes paramilitares.

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En este sentido, la Presidencia colombiana resaltó que estas tierras fueron adquiridas por el Gobierno del Cambio para impulsar la Reforma Agraria en la región, mientras en otros municipios fueron entregadas otros terrenos.

Entre tanto, el presidente colombiano propuso reactivar la Mesa de Paz de las Autodefensas Unidas de Colombia, para que prime la verdad, ya que el proceso nunca terminó porque no se entregaron los bienes al pueblo, no se dijo la verdad y no existió un perdón social.

Durante la entrega de dichas tierras, se llevó a cabo un acto de perdón por parte de los exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia hacia los campesinos que fueron sus víctimas durante años.

Por su parte, el exjefe paramilitar y ahora gestor de la paz, Salvatore Mancuso, refirió tras pedir perdón en el acto de reparación a víctimas del conflicto armado en Córdoba, que “reconfiguramos el campo colombiano a través de diferentes estrategias, entre ellas, una política de acumulación de tierras que se convirtió de facto en una contrarreforma agraria, es justamente lo que su Gobierno está revirtiendo entregando estas tierras a los campesinos y a las víctimas de Colombia”.  

“En la guerra no existen ganadores, todos somos perdedores. Frente a ustedes asumo la responsabilidad que me corresponde por tanto dolor, sufrimiento y lágrimas, por el despojo de tierras, por los vejámenes a los que fueron sometidos a través de las órdenes que impartí a quienes estuvieron bajo mi mando, desde lo más profundo de mi corazón les pido perdón”, refirió Mancuso desde el territorio donde nació.  

La JEP y la soberanía de las tierras

En este contexto, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) convocó y requirió a diferentes entidades del Estado a nivel nacional, departamental, regional y municipal para su articulación, con el fin de evitar daños irreparables a las personas, comunidades campesinas y al territorio de esta zona de Antioquia.

De igual forma, el Tribunal prohibió a la Reforestadora Integral de Antioquia (RIA) hacer uso y disfrute de la tierra en la que desarrolla proyectos forestales en la región de Tulapas, y también se le solicitó a esta empresa suspender temporalmente los contratos de usufructo que suscribió con el Fondo Ganadero de Córdoba o su liquidador.

La plataforma Colombia Informa indicó que la decisión de la JEP fue tomada después de documentar que “las comunidades campesinas no obtuvieron reparación integral, no han accedido a la restitución de sus predios como mecanismo de reparación y corren el riesgo de no acceder a ellos como consecuencia del desarrollo de proyectos para el aprovechamiento forestal de monocultivos realizado por empresas que presuntamente han tenido vínculos con grupos paramilitares”.

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